Mesa Buenas Prácticas
Las empresas del sector minero trabajan para impulsar y fortalecer los derechos humanos a partir de la responsabilidad social, y lo hacen de la mano con las instituciones, la sociedad civil y el gobierno, expusieron Melissa Ortiz Massó, Fabiola Sosa Rodríguez e Irma Potes.
Durante el panel “Empresas y Derechos Humanos”, coincidieron que además de la búsqueda del desarrollo económico, es importante impulsar el desarrollo humano de los integrantes de las comunidades donde tienen presencia.
El panel fue moderado por Irma Potes, directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México, empresa que ha impulsado el fortalecimiento y la gestión de los derechos humanos de sus colaboradores y de las comunidades a las que pertenecen, a partir de lineamientos y procesos propios que garanticen la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Es un parteaguas, porque hace que gobiernos, empresas, sociedad civil, comunidades e instituciones, trabajemos todos juntos en pro de cómo garantizar estos derechos humanos, que tiene que ver con poner a la persona al centro de cualquier decisión que nosotros tengamos. La minería es una parte fundamental por ser una industria que tiene mucho alcance, en muchas áreas y de muchas formas en donde opera. Es una parte fundamental para sumarse a atender problemas muy importantes en las poblaciones; generar la estructura esencial para el desarrollo humano y promover inversiones sociales. Adicionalmente, como decía el Premio Nobel Amartya Sen, tenemos que buscar que seamos seres humanos plenamente funcionales, con bienestar económico y bienestar social”, explicó la directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México.
De forma tradicional, la defensa de estos derechos es una tarea que se le atribuye al Estado y a los gobiernos, explicó Melissa Ortiz Massó, integrante de la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, en el capítulo de Derechos Humanos; sin embargo, son las empresas quienes deben asumir un rol determinante en la promoción y búsqueda de estas libertades.
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“Lo que nos corresponde como empresas es respetar todos estos derechos. Es entender que hay un Estado que tiene un papel fundamental en la garantía de los derechos humanos, pero como empresas tenemos un papel fundamental en términos de cómo voy a respetar los derechos humanos. Cómo en mi papel, en mi forma de operar, voy a generar una dinámica en la que respetaré los derechos humanos”, explicó Ortiz Massó.
Por su parte, Fabiola Sosa Rodríguez, consultora en México del Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha estudiado las buenas prácticas de los actores mineros en el país, así como las relaciones con las comunidades, explicó que se deben tomar en cuenta criterios relacionados con procesos innovadores que brinden resultados positivos para todos los sectores involucrados, y con la posibilidad de ser replicados en otras comunidades.
Las participantes en el panel concluyeron que para obtener los mejores resultados en la agenda del impulso y fortalecimiento de los derechos humanos, las empresas del ramo minero deben trabajar en conjunto para potencializar los beneficios que se vean reflejados en la calidad de vida de cada persona.
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