MENSAJE DEL PRESIDENTE
Ing. Luis Humberto Vázquez San Miguel
La pretensión del Ejecutivo Federal de modificar la Ley Minera y otras disposiciones, es un tema que nos preocupa, y ocupa, en la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y en general al sector industrial, porque crearía incertidumbre y dificultaría el crecimiento de la industria que todos los días construimos y de la cual dependemos de manera directa más de 406 mil mineras y mineros.
Como es de conocimiento general, el 24 de marzo del año en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual se publicó en Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 28 de marzo.
La iniciativa de ley plantea cambios que repercutirían en el desarrollo de nuestra industria y de 17 sectores como el automotriz, de la salud, alimentario y energético, entre otros, que dependen de los insumos que producimos en la minería.
El hecho de que se quiera otorgar concesiones mediante concurso y que los trabajos de exploración queden a cargo del Servicio Geológico Mexicano provocarán que los programas de exploración minera se frenen al igual que el futuro de la minería mexicana. La pérdida de empleo sería inminente, junto con el sueño y oportunidad del futuro para miles de estudiantes de Ciencias de la Tierra.
Moody’s Investors Service, agencia calificadora de riesgo crediticio, así como organismos empresariales y gremiales se han sumado a nuestras voces, al advertir que la aprobación de la reforma sería negativa para la industria e, incluso, podría desalentar las inversiones.
La minería pasaría de ser un sector superavitario a un importador neto, en detrimento de la macroeconomía y de los bolsillos de los mexicanos, porque todos los bienes y servicios se encarecerían.
Como representante de más de 3 mil técnicos y profesionistas que participamos de manera directa en esa industria, veo con preocupación que esa iniciativa originaría desempleo, lo que afectaría a nuestros asociados que forman parte de los 3.4 millones de empleos directos e indirectos que generan las unidades mineras y plantas metalúrgicas a lo largo y ancho del país.
Incluso, en los polos de desarrollo creados por la minería se desarticularía la proveeduría local, lo que agudizaría la difícil situación económica y social que enfrentan muchas poblaciones en México, ya que no se debe perder de vista que, en ocasiones, la minería se desarrolla en comunidades donde la única opción de salir adelante para la población es migrar o dedicarse a actividades ilícitas.
La propuesta del Ejecutivo omitió la opinión y experiencia de las y los mineros mexicanos, por eso es conveniente que los legisladores del Congreso de la Unión se den el tiempo necesario para conocer el verdadero rostro de la minería, mediante un análisis riguroso de las cambios a la ley en el que escuche a todos los actores involucrados.
El diálogo entre la industria y el gobierno debe darse antes de que esta iniciativa sea votada. Las opciones acordadas deberán coincidir con un balance adecuado que fomente el desarrollo de México. La interlocución entre la industria y el sector público es esencial para hallar el justo medio entre un gobierno facilitador, promotor de la inversión y vigía del cumplimiento de las normativas y la minería que practicamos actualmente: sostenible, sustentable y respetuosa con las comunidades y el medio ambiente.
Confiamos en que los poderes legislativo y ejecutivo abran espacios de diálogo informado, amplio e incluyente, a fin de que la ley y regulación secundaria reconozcan la realidad de la industria, y con ello sea posible generar bienestar para todos.
¡Sin la minería no hay presente y mucho menos futuro!
