Lic. Armando Ortega Gómez
Lic. Armando Ortega Gómez
Presidente del Comité Minero, Cámara de Comercio de Canadá en México (CANCHAM)
¿Cómo ha sido hasta ahora su experiencia de trabajo y de vida en la industria minera?
Se dice en el sector que algunos son mineros por vocación y otros lo son por destino, y yo pertenezco a este segundo grupo. Mi profesión original es la de abogado e incursiono al sector minero hace muchos años cuando empecé a litigar con problemas complejos ligados a esta industria como son las huelgas y paros ilegales; otros temas más amables consistieron en negociaciones con distintos grupos de interés (ejidos o comuneros), compra de terrenos a pequeños propietarios o fusiones, adquisiciones de activos mineros o venta de activos mineros, colocación de deuda en los mercados internacionales, compra de algún equipo complejo, etc.
Destaco también mi paso al frente de Minera San Xavier, empresa mexicana con capital de origen canadiense, la cual por cierto se encuentra ahora en el proceso de cierre integral. En este período ingreso a la Cámara de Comercio del Canadá en México, organismo con más de 40 años de presencia en México y uno de cuyos pilares, en términos de comercio e inversión, es la minería.
Debo decir que este sector es sin duda una actividad desafiante porque normalmente los yacimientos se encuentran en lugares inhóspitos y por tanto, todo lo que tiene que ver con la operación sea en su fase de exploración, construcción de un proyecto, el aprovisionamiento, relación con los proveedores o la comercialización y venta del producto, entre muchas áreas más, constituye un reto enorme. Es fascinante ver el trabajo de la gente que está ligada a las ciencias de la tierra, son personas que asumen muchos compromisos más allá de lo profesional, trabajan en lugares remotos, alejadas de sus familias. Por ejemplo, menciono el caso de Minera San Xavier, donde más del 80% de los operadores eran oriundos de los municipios aledaños y se dedicaban a actividades agrícolas o a otras labores que nada tenían que ver con la minería y para echar a andar el proyecto hace ya muchos años, se tuvo que capacitar a toda esta gente en las diferentes operaciones de la mina, logrando así arrancar el proyecto de forma exitosa.
La minería es un sector que apasiona y cualquiera que haya entrado a una mina subterránea o que ha visto la inmensidad de un tajo de 2 kilómetros de diámetro y una profundidad de 500 metros sabe de lo que estoy hablando.
Desde la creación del Mining Task Force, ¿Cuáles han sido los principales logros hasta ahora?
Una de las tareas más importantes de este comité minero ha sido representar individual y/o colectivamente, los intereses de las empresas que afrontan distintos tipos de problemáticas con autoridades regulatorias, o problemas comunes de los productores, trámites gubernamentales, etc. En una parte más positiva se busca compartir experiencias sobre mejores prácticas; por muchos años operó también un subcomité dentro del comité minero que estaba ligado a temas de seguridad patrimonial y se compartían los mapas de riesgos por regiones, etc. El Mining Task Force es un órgano de información, de actualización y también de ideas y de propuestas. De igual forma, los temas fiscales han sido una fuente constante para nuestra intervención.
Indudablemente, a lo largo de los años se han alcanzado logros muy importantes, uno de ellos es la ayuda que se ha brindado a las empresas a procesar los estándares que la propia Cámara Canadiense Minera (Mining Association of Canada) estableció desde el año 2004 llamados Towards Sustainable Mining (Hacia una Minería Sostenible). Dentro del Comité Minero se implementó un proceso para gestionar dichos estándares, los cuales están divididos en ocho protocolos, y aunque las empresas mexicanas de capital canadiense las aplicaban desde hace 15 años por disposición de sus casas corporativas, no sabíamos bien cómo implementarlo.
En este sentido, uno de los terrenos más fértiles de colaboración dentro del comité fue compartir las experiencias y ayudarnos para empezar a poner en práctica esos protocolos dentro de nuestras propias empresas en distintas áreas, algunos de esos protocolos están ligados a las comunidades, otros con el medio ambiente y la sostenibilidad y los últimos, van ligados con la eficiencia energética.
Adicionalmente, en aquel entonces también fue un logro la colaboración conjunta del subcomité de seguridad, en momentos donde en ciertas regiones había inseguridad (que ahora desafortunadamente se ha recrudecido en otros lugares), pues afectaba las operaciones. La colaboración consistía en compartir información sobre los itinerarios de viaje de nuestros proveedores o ejecutivos por las diferentes zonas donde se ubicaban las operaciones mineras.
El Mining Task Force es un organismo que está actualizando siempre la información más importante en distintos rubros del sector minero, por ejemplo, las nuevas tecnologías y los avances en materia de sustentabilidad que están dándole otra imagen a la industria minera.
¿Cuál es su visión general de la industria minera como sector de desarrollo económico y social?
Sin ninguna retórica, es un sector esencial porque está en la base de todas las cadenas productivas. En México, la minería nutre o abastece a 70 sectores económicos, de no ser así, tendríamos que aprovisionarnos de otros países, como ya lo hacemos en algunos metales y minerales en los que somos deficitarios. En un grupo importante de más de 16 minerales y metales ocupamos un lugar destacado a nivel internacional como productores, eso convierte a la minería en una industria esencial por sí misma. Ahora, que si hablamos de aspectos más puntuales como la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de nuestras economías y sobre todo, de tratar de alcanzar el objetivo de la transición energética de la llamada economía verde, la minería es la aliada más sólida porque sin cobre, sin litio, sin níquel, sin cobalto, sin tierras raras, sin grafito, o germanio, por citar algunos ejemplos, no hay transición energética.
Por otro lado, en el rubro social -como ya se ha mencionado-, la gran mayoría de los yacimientos en México se encuentran en lugares inhóspitos o de difícil acceso; esta industria es una detonadora significativa de trabajos muy bien remunerados, somos ciudadanos corporativos responsables en las comunidades huéspedes y somos generadores de derrama en las actividades económicas de diferentes cadenas como la de aprovisionamiento, la cadena de producción, la de comercialización, del transporte y de servicios conexos, por señalar sólo algunas.
La política de sustentabilidad es un tema que ha permeado de forma significativa en la industria minera… ¿Cuál diría usted que ha sido el aporte o influencia que han tenido las empresas canadienses que han operado en el país en todos estos años?
Objetivamente, una de las contribuciones más importantes de las empresas mexicanas de capital canadiense fue aportar a través de los estándares conocidos como TSM (Towards Sustainable Mining o Hacia una Minería Sostenible) un grupo de normas de aplicación voluntaria relacionadas con la protección y el cuidado del medio ambiente con un relacionamiento responsable y comprometido con las comunidades y con un mecanismo real auditable de racionalidad en el uso de los energéticos. Yo creo que la aportación que han hecho estas empresas ha sido el de traer esos estándares, aplicarlos a México y por lo tanto, traer una cultura de protección al medio ambiente, una cultura de relacionamiento con las comunidades y tambien algo muy importante, nuevos estándares muy estrictos relacionados con la seguridad industrial. Por ejemplo, muchas empresas de Canadá aplican en materia de seguridad industrial una política que se conoce como Zero Harm, o daño cero, es una política de seguridad industrial que aspira a que en la operación no haya ningún tipo de fatalidades o incidentes de seguridad o higiene en el trabajo que atenten contra la integridad de los trabajadores, de los operadores de una mina o de un proyecto, pero que engloba también a los proveedores y esa cultura existe obviamente por las empresas de capital mexicano y de otros capitales, creo que eso ha sido una simbiosis muy benéfica para el sector.
Haciendo un poco de historia, la inversión canadiense llega a México a partir de la promulgación de la Ley Minera de 1992, fue una plataforma para invitar a los inversionistas extranjeros y los capitales canadienses lo aprovecharon para invertir en esta industria.
Las empresas junior de exploración (conocidas como los nuevos gambusinos) llegaron en los últimos 30 años y posteriormente lo hicieron las grandes corporaciones mineras, algunas para desarrollar sus propios yacimientos y otras comprando yacimientos ya existentes y desarrollándolos y afinándolos, etc. Todos ellos trajeron una nueva cultura en dichos rubros, y yo creo que eso es algo que no se puede regatear sobre la presencia de la inversión canadiense en México.
Me parece que es importante señalar también que los estándares señalados son de corte gremial en Canadá y sus operadores los exportan para aplicarlos en otros lugares del mundo, sin embargo, cada corporación tiene adicionalmente sus propios protocolos y reglas, lo que se conoce en el argot como soft law, entonces, el Towards Sustainable Mining no es una ley, es un estándar voluntario, auditable, de transparencia, accountability, o sea, de rendición de cuentas, etc., pero es voluntario y adicionalmente están los estándares propios de cada corporación. Si a todo lo anterior agregamos una carga regulatoria tan onerosa como la que tiene este sector, con más de 27 leyes federales, 9 normas oficiales y más de 1000 normas a nivel estatal y municipal, etc., nos encontramos con un entramado verdaderamente abrumador.
¿Cuáles son las principales repercusiones y cuántos proyectos se impactarían así como la afectación de inversiones que no se realicen en el país con motivo de los cambios a la Ley Minera?
Sumadas todas las empresas que hay en México se calcula que entre 2023 y 2028 estarán sobre la mesa -con un signo de interrogación- inversiones por un monto aproximado de 9 mil millones de dólares. Y de ese monto, alrededor de 20 o 25% sería de capital canadiense, aunque es una cifra que puede variar, porque no se tienen completamente los datos duros, ya que las empresas no los comparten del todo.
El número formal de empresas mexicanas con capital canadiense es de alrededor de 119 y los proyectos registrados ante la Secretaría de Economía son 304. De esas empresas, más de 100 son las llamadas “junior” y muchas de ellas ya dejaron de operar desde que entró en vigor la reforma fiscal de 2014. Como es sabido, con dicha reforma ya no podían compensar el pago que tenían que hacer del impuesto al valor agregado y debían esperar -como ahora- a que el SAT lo devolviera. Es un hecho que ese costo financiero lo pueden absorber las empresas grandes, pero no así las junior que trabajan con capital de riesgo precario, sin olvidar además temas de seguridad que han complicado la operación en algunas regiones.
Ahora, con la reciente reforma en mayo de este año, y no sólo a la Ley Minera sino a otras tres leyes ambientales, el Estado mexicano ha mandado un mensaje de enorme preocupación para las empresas y es que básicamente, se ha reservado la exploración para sí mismo, y no es porque jurídicamente después de la reforma no pueda haber exploración por parte del sector privado, lo que sucede es que el mecanismo para hacerlo es muy oneroso. Primero, deben hacerse gestiones ante la Secretaría de Economía, para que a su vez, ordene al Servicio Geológico Mexicano que en relación con un yacimiento que el interesado cree existe en algún lugar, celebre un convenio de colaboración que puede ser hasta por cinco años, una vez que se realiza la inversión, para que se le otorgue la concesión el interesado debe ahora concursar y ofrecer el mejor precio, aunque siempre existe el riesgo que la concesión sea finalmente otorgada a alguien más. Esto es un concepto anti negocios, así no funciona, nadie va arriesgar capital si no tiene certidumbre.
Bajo este nuevo esquema los bancos tampoco van a financiar la actividad minera; quiero mencionar un rubro principal que es el de la exploración, lo que se está haciendo con la reforma es muy grave porque el futuro en los sectores de la industria extractiva, depende absolutamente de esta etapa de la minería.
Reitero, las señales o mensaje que se envía es que con la reforma a la Ley Minera la exploración se reserva para el Estado mexicano, aunque es un hecho que éste no tiene ni el capital, ni los profesionales suficientes para hacer una exploración como la que se requiere para apuntalar el desarrollo del sector minero nacional.
Finalmente, reservarse la exploración sin haberlo negociado es violatorio de distintos acuerdos de libre comercio como el T-MEC o el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), no se puede reservar un subsector o una actividad de un sector como la exploración, sin negociarla con sus contrapartes, porque se afecta no sólo a los inversionistas de capital canadiense, a nivel global hay otros inversionistas afectados.
Canadá siempre ha negociado como una reserva la llamada industria cultural y en cada acuerdo global llámese la Organización Mundial del Comercio o los distintos TLC´s siempre tiene esa reserva y no aplican las reglas de libre comercio e inversión genéricas, hay una serie de restricciones pero Canadá las ha negociado y quedan listadas en un anexo. En el caso de México, por ejemplo, está reservado en un anexo la emisión de papel moneda.
Pareciera que existe desconocimiento de las diversas autoridades sobre la industria minera, y si es así a qué lo atribuye?
Sin duda, el sector minero no ha sido el mejor comunicador sobre el valor y la importancia de la minería, no ha sido capaz de convencer a la sociedad en general con datos duros y con ejemplos reales de su auténtico compromiso con una operación que respeta plenamente el medio ambiente y que hace alianzas de crecimiento recíproco con las comunidades huéspedes.
La Cámara Minera de México (Camimex) y en su medida proporcional la Cámara Canadiense, llevan muchos años trabajando en tratar de afinar este mensaje no sólo en las regiones en las que operamos -que son 24 estados y más de 200 municipios- sino entre el gran público, porque al final, cuando se trata de políticas públicas como las que se han aprobado en el Congreso, pues queda claro que se requiere llegar a un público mucho más amplio para que exista conciencia de la importancia y contribución de la minería en el desarrollo nacional.
Dicha situación es lamentable y paradójica a la vez, porque este gobierno y la minería comparten los principios que públicamente se enarbolan de desarrollo regional, salario digno, de inclusión, de respeto al medio ambiente; entonces, no hemos podido convencerlos y no hemos podido hacer ese alineamiento. Pero claramente también el gobierno tiene su propia agenda y más allá de que nos entiendan poco o mucho como sector, hay una agenda que en general no empatiza mucho con la industria extractiva, porque no se trata sólo de nosotros. Por ejemplo, en el sector del petróleo también ha habido una política de regresión y casi de introspección para que sea el propio gobierno y sus agencias las que desarrollen temas como la comercialización; igualmente en materia eléctrica, que aunque no es necesariamente industria extractiva, está vinculada al tema y definitivamente la minería forma parte de ese paquete.
En México, durante el gobierno del Presidente Luis Echeverría, ya vivimos la experiencia de tener al sector público como empresario en la producción de cobre y no funcionó, las empresas que se crearon para tal fin se fueron a la bancarrota. En general, los gobiernos no han sido buenos empresarios y yo creo que la vocación del Estado, más allá de las ideologías, es la de asegurarse que cada sector económico genere su mayor contribución al desarrollo de las comunidades, a la creación de empleos, asegurarse que estén bien pagados, asegurarse de tener normas que puedan resolver los problemas asociados con la industria extractiva, como los relacionados con la tenencia de la tierra, con la seguridad, etc. La mayor contribución -y así se ve en otros países- que puede hacer un gobierno es generar esas condiciones, ser un regulador, un aliado; porque al fin y al cabo su ganancia directa es la de los recursos fiscales derivada de los impuestos que cobran y a nivel un poco más global, asegurarse que la derrama generada sirva para apoyar a las comunidades que reciben los beneficios de la minería.
¿Desde el gobierno canadiense se están realizando acciones para conciliar las inversiones de las empresas mineras canadienses con los objetivos de gobierno de la actual administración en México a nivel federal?
Lo que ya existe y se hace de forma directa por medio de la embajada canadiense en México (en otras ocasiones se apoyan los esfuerzos de organizaciones como la Cámara de Comercio del Canadá y en particular del Comité Minero), son procesos de consulta de cooperación con sus pares del gobierno de México. Específicamente en el tema minero, los últimos dos años el gobierno canadiense ha estado muy al pendiente de supervisar que los problemas que enfrentan algunos de los actores mineros sean escuchados por las autoridades, no sólo a nivel federal, sino en el estatal y municipal. A nivel más global cuando hay una reforma de este calado como la que hubo en mayo pasado, el gobierno canadiense se asegura que sus empresas -a través de la Cámara de Comercio del Canadá- sean escuchadas por quienes elaboraron esas leyes y ahora por quienes van a hacer los reglamentos.
Al respecto, la Cámara Minera junto con otras organizaciones, como la Cámara de Comercio del Canadá, la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, el Colegio de Ingenieros, Minas Metalurgistas y Geólogos de México, y los Clústers Mineros, ya entregamos a la Secretaría de Economía nuestras sugerencias específicas sobre cuál sería la mejor redacción en términos de claridad, de transparencia, en términos de certidumbre jurídica, etc., que deberían contener esos reglamentos. Las autoridades en la materia han recibido nuestras observaciones pero aún no sabemos si realmente los tomarán en cuenta.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta hoy la minería?
Yo creo que uno de los grandes desafíos que se debe lograr es convencer a la opinión pública en general y eso incluye a los actores públicos (autoridades, reguladores), de que la minería es una aliada indispensable y esencial para la transición energética.
Otro, es asegurar que los proyectos que están en marcha puedan ser aprobados o apoyados en su consecución por las distintas autoridades e instituciones que intervienen para lograrlo. El tercer reto, va de la mano del segundo, y es lograr el apoyo decidido de las comunidades huéspedes; en este sentido, quienes estén al frente de las empresas habrán hecho su tarea si convencen a las comunidades para que formen parte los proyectos, en términos de ser contratados como empleados o proveedores de la mina o de asegurarles que habrá una supervisión en la realización de todas las operaciones. Desde hace muchos años empresas canadienses como Torex por ejemplo, han echado a andar en el tema de la utilización del agua, observatorios comunitarios o ciudadanos, con la ayuda de la Universidad Autónoma de Guerrero, que es la institución que realiza los monitoreos y muestreos de esas aguas. Son las comunidades con sus representantes los que forman parte de ese observatorio y se aseguran que efectivamente, en la realización de la operación, no se afectan los acuíferos, como es el caso del Río Balsas en esa región.
¿Una historia o una anécdota particularmente satisfactoria que destaca en su trayecto por el sector minero?
Menciono una que a mi juicio, es un ejemplo virtuoso de convivencia de la actividad minera con el patrimonio cultural de una comunidad.
Hace algunos años cuando estaba al frente de Minera San Xavier (unidad ubicada en San Luis Potosí), los trabajos de operación a tajo abierto se encontraban a escasos 200 metros de una iglesia colonial del siglo XVIII y a 300 m de otra iglesia del siglo XIX. En su momento, había una genuina preocupación de los potosinos porque la minera estaba muy cerca de los edificios y su temor era que las voladuras afectaran la integridad de esas 2 iglesias coloniales.
Después de una explotación de más de 400 años en lo que fueron las minas coloniales subterráneas, el terreno base de esas iglesias eran antiguos residuos mineros y había túneles por todos lados; no era para nada un terreno sólido.
Bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se establecieron umbrales muy estrictos para realizar las voladuras, supervisadas con sismógrafos y con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y hasta del arzobispado por ser el garante de esos templos. Se contrató al arquitecto más respetado de San Luis Potosí en la remodelación o en la restauración de iglesias coloniales y sólo hay que ver ese lugar ahora para saber de lo que estamos hablando.
El resultado final es que después de 10 años de operación no sólo no hubo afectación alguna a esas dos hermosas iglesias coloniales, sino que como parte de los compromisos de la empresa en términos de su responsabilidad social, primero fueron mantenidos y conservados y después se renovaron completamente, y hoy, son un ejemplo extraordinario de una convivencia armónica entre una minería de tajo abierto, con un sitio colonial.
Se devolvió a esas dos iglesias su antiguo esplendor y eso no se habría logrado sin la minería, el INAH nunca habría tenido el presupuesto suficiente para lograrlo, y tampoco ningún mecenas lo habría llevado a cabo. El trabajo de restauración y renovación se hizo como parte de los compromisos que se le impusieron a la empresa, pero todos los involucrados lo hicimos con excelencia y con pasión.
