Lic. José Fernando Aboitiz Saro
Jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas.
Secretaría de Economía
¿Cuál ha sido su impresión del sector minero durante las visitas que ha realizado a diversas unidades mineras, así como en las reuniones de trabajo que ha sostenido con integrantes del sector?
En primer término, debo decir que originalmente yo provengo del sector de infraestructura, había tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno de la Ciudad de México en temas más relacionados con la obra pública. Al ser nombrado Jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, me encuentro con un sector hasta cierto punto no muy conocido hacia afuera pero de gran interés por su impacto en las diferentes cadenas productivas.
Cuando llego a esta Unidad, encuentro todo un tema de distanciamiento entre la autoridad y el sector minero, por lo que de forma inmediata se establecieron canales de diálogo con los diferentes grupos que conforman esta industria; por ejemplo, prácticamente todas las semanas hay comunicación con Pedro Rivero, Presidente de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), y se ha logrado generar una dinámica de interlocución constante. De forma paulatina, se han ido analizando con gran detalle los temas que incomodaban a la autoridad y las cosas que preocupan al sector.
Destacan entre los asuntos más importantes, el tema de los permisos. Virtualmente, no había ningún permiso, tanto de la Secretaría de Economía, como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o de CONAGUA, algunos de ellos tenían ya seis años de antigüedad y eso empezaba a paralizar al sector, no sólo que no hubiera nuevas concesiones, si no que las que estaban en operación iban a tener que cerrar. Ya hemos avanzado en ese tema y actualmente se ha liberado una buena cantidad de permisos en SEMARNAT; se requiere todavía mucha labor pero puedo decir que ya existe un ritmo continuo de trabajo. En cuanto a la Secretaría de Economía, podría decir que estamos casi al día en todos los trámites, tenemos en tránsito 30 casos muy complejos, pero la mayoría de las operaciones están fluyendo con normalidad.
Un tema que preocupaba a la autoridad era la vinculación de los estudiantes y las universidades con las mineras, por lo que ya se ha instaurado el Comité Académico. Otros temas en los que se ha avanzado ha sido en la presentación de una propuesta de Certificación Social, y con SEMARNAT se trabaja también en certificaciones sobre la materia. Por todo lo anterior, puedo decir que el diálogo que hemos establecido con el sector ha sido muy benéfico para todos los involucrados.
¿Considera que el marco regulatorio de la Ley Minera vigente, es adecuado para promover y mantener una actividad minera sostenible y responsable en México?
Es un hecho que los cambios en la Ley Minera no fueron del agrado del sector, y aunque hay algunos puntos que puedo entender, en otros no necesariamente coincidimos y tendremos que dialogar para llegar a un acuerdo. Adicionalmente, es una ley que requiere aterrizar muchas cosas para que pueda ser operativa.
Una preocupación del sector es la operación de las concesiones que ya se tenían, había más de 700 amparos, es decir, un escenario complejo; del lado del gobierno son básicamente tres preocupaciones: el tema social, el tema ambiental y una mayor participación del gobierno en la actividad minera. Sobre esos asuntos hemos ido construyendo una serie de acuerdos que al día de hoy nos están llevando a un escenario menos complejo, pero todavía existen muchos retos.
Me parece que lo más importante es clarificar muchas cosas en esta ley. En el tema de la exploración, por citar un ejemplo, la ley dice: “puede haber un privado que tenga interés en participar, entonces tiene que hacer un convenio con el Servicio Geológico Mexicano (SGM)” ; pero, ¿qué sucede si después de realizar la exploración, se encuentra un gran yacimiento?, el Servicio Geológico Mexicano debe licitar y un tercero gana la licitación? ¿el inversor inicial perdería todo el capital invertido en la exploración? Bajo ese riesgo creo que nadie querría invertir su dinero.
La relevancia de la exploración deriva del hecho de que se necesita continuar esta actividad para no cerrar operaciones y abrir más minas en el futuro. Es importante también señalar que actualmente con el paro de algunas mineras se están perdiendo alrededor de 500 millones de dólares de derrama constante en el país; recursos que generan empleos, generan PIB.
Cierro el tema reiterando que se tendrá que trabajar de forma muy detallada para dar certidumbre y disminuir riesgos, todo esto se deberá especificar en las leyes secundarias, en las cuales el trabajo va muy avanzado, yo espero que quizá en 2 o 3 meses serían dadas a conocer.
Sobre las operaciones mineras a cielo abierto se habla de trabajar un nuevo modelo de concesión minera con un nuevo marco regulatorio…. en este sentido, ¿Qué dependencias u organismos participan en su elaboración? ¿Se considera el trabajo conjunto con el sector minero?
Por mi parte, yo no veo que vaya a prosperar la prohibición del minado a cielo abierto. Es una técnica utilizada ampliamente para extraer el mineral. La explotación a cielo abierto es un tipo de minería según la condición en la que se encuentra el mineral y la manera en que el yacimiento se ubica en la superficie. Al prohibir este tipo de operaciones nos estaríamos cerrando la puerta a poder explotar una gran cantidad de recursos naturales en el país.
En el marco regulatorio, estamos trabajando de la mano con organismos como la SEMARNAT y por parte del sector minero también hay participación de la CAMIMEX, con ambos existe un diálogo muy fluido y abierto.
Recientemente, en una presentación sobre el FIFOMI se mencionaron los servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica… Al respecto, ¿Cómo ha sido la respuesta?
El FIFOMI hacía básicamente tres cosas: préstamos a pequeños productores; apoyo a las cadenas productivas y trabajo con intermediarios financieros; esta última actividad es la que definitivamente no vamos a seguir haciendo porque en el pasado existieron algunas amargas experiencias, había cartera vencida y se hizo mal uso de los recursos del FIFOMI. Al respecto quiero decir que se llevan a cabo investigaciones y ya están en trámite procedimientos legales. Pero insisto, se concluye el tema de los intermediarios financieros porque ese no es el espíritu del FIFOMI.
En el FIFOMI nos interesa mucho fortalecer el tema de las cadenas productivas y hemos hablado al respecto con las grandes mineras a fin de beneficiar a las cadenas de proveeduría. A diferencia de otros sectores económicos, la minería cuenta con un gran porcentaje de proveeduría local, por ejemplo, en el sector maquilador es de menos del 20% y en la minería es arriba del 60%. Las cadenas productivas ayudan mucho a que los proveedores puedan acceder con rapidez a los recursos, generen facturas y se capitalicen.
Ya tenemos algunas solicitudes de mineros que han solicitado créditos, y actualmente se encuentran en el proceso de presentar la documentación que se requiere para otorgar un préstamo bancario.
Se está analizando un trabajo conjunto entre el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y el FIFOMI para manejar las asignaciones mineras, tenemos intención de que haya exploración y asignaciones mineras a estas instituciones, el FIFOMI tiene tambien facultades para explorar y explotar como lo hacía anteriormente.
¿Cuáles son las líneas de trabajo más importantes en esta nueva administración para el Servicio Geológico Mexicano?
Tenemos el tema de la exploración. Hoy, al menos cuatro proyectos están muy claros y requieren que se profundicen los estudios para determinar lo más cercano a lo que serían las reservas y darle así un mayor valor agregado. Anteriormente, lo que se hacía en el SGM era que se veía de forma muy somera lo que había en una concesión, se le pasaba a un privado y se pagaba una regalía; lo cierto es que muchos de los trabajos de exploración que realizó el SGM son ahora algunas de las minas más importantes de México.
Lo que queremos hacer hoy en día es que en lugar de quedarnos en las etapas iniciales se llevará a cabo una mayor exploración para determinar reservas, tal y como lo hacen los exploradores canadienses, que llevan sus reservas a la Bolsa de Toronto y se vuelven proyectos de hasta 100 millones de dólares. En este sentido, no queremos malbaratar el trabajo del SGM.
Además, se deben robustecer los servicios que prestan los laboratorios, se modernizarán los equipos y se implementarán también algunas alianzas estratégicas (Frisco, por ejemplo, cuenta con un laboratorio de vanguardia en Zacatecas) con el sector privado. Se trabajará también en garantizar en el largo plazo la estabilidad financiera del organismo y se empezará a analizar el tema de reutilización de jales, no sólo para generación de recursos, sino en la lógica de remediar pasivos históricos ambientales.
Por otro lado, debo decir que al quedar paralizada por casi seis años la apertura de nuevas minas y agotarse las existentes, el SGM tendría serios problemas económicos ya que buena parte de los recursos de los cuales vive este organismo son regalías de las minas que se abrieron en años anteriores.
Entonces, necesitamos garantizar que en el mediano y largo plazo el SGM tenga no sólo los mismos recursos con los que ya contaba, sino que se incrementen para continuar desarrollando las actividades de protección civil que ya desempeñaba, como los Atlas de Riesgos por ejemplo. Queremos potenciar la capacidad ya probada de este organismo, dirigido por la Maestra Flor de María Harp, quien conoce ampliamente la importancia del trabajo que realiza el Servicio Geológico Mexicano.
En reciente reunión con el sector minero se habló de solicitar a las empresas mineras una “evaluación del impacto social”, ¿podría especificar?
Ahora, la Ley establece un formato para las nuevas operaciones, se tiene que garantizar que existe un conocimiento por parte de la comunidad, una cierta aceptación. De pronto hay problemáticas -podría decir que de dos índoles-, una con los que rentan la tierra, con los ejidos, con las propiedades comunales, ya que de pronto hay conflictos entre ambos, al igual que excesos; la otra problemática es con las comunidades cercanas a las minas pues reciben el impacto directo de las operaciones mineras; por un lado, benéfico, por los buenos salarios que se pagan, por los apoyos sociales que otorgan las mineras, pero por otro lado tambien puede haber impactos graves como fue el caso del río Sonora.
Lo anterior es un tema que la ley exige, pero adicionalmente vamos a pedir una Certificación Social, un estudio que se tiene que hacer tal y como es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Es un estudio similar pero en términos sociales. Con ello quiero decir que nosotros como autoridad estaremos mucho más pendientes de lo que está sucediendo en dos vías, una, en la lógica de ver que las mineras tengan un trabajo social justo, pero tambien se cuidará que no haya factores exógenos que desestabilicen las operaciones mineras y a la comunidad, como los ha habido en otras ocasiones.
¿Qué hacer desde el sector minero para cambiar la imagen de esta industria entre la población en general?
Creo que en buena medida empezar por informar sobre esta actividad de una manera en que a la gente le sea mucho más sencillo entenderlo. En los grandes foros o en los medios masivos de comunicación se habla por ejemplo del tema de electromovilidad, de los autos eléctricos y creo que eso a un segmento de la población no le interesa; pero si el mensaje es sobre los artículos de uso cotidiano, el cableado eléctrico, toda la cadena de suministros e infraestructura que hace posible tener agua caliente todos los días etc. , por mencionar sólo algunas cosas, la gente vería a esta actividad de una forma muy tangible, más cercana.
Otro punto que me parece relevante en el tema de la comunicación es la importancia de informar las acciones de impacto social que realiza esta industria en las regiones donde se asientan sus operaciones. Hace algunos días hablaba con directivos del Grupo Peñoles y me mostraban cifras de la cantidad de agua tratada para una población de 100 mil habitantes; si hay un recuento de la cantidad de empresas que realizan ese nivel de tratamiento, seguramente la minería estaría entre las diez primeras.
La percepción general es que la minería es una actividad contaminante, sin embargo, también hay que decir que la minería lleva cabo el tratamiento de agua en grandes proporciones; a diferencia de otras industrias, en la minería se manejan planes de cierre de operaciones muy complejos a fin de rehabilitar en términos ambientales.Todas estas acciones son muy valiosas y deben comunicarse en los distintos niveles. Quizá falta hacer un trabajo de difusión entre las nuevas generaciones, en sitios como en el Papalote Museo del Niño o en lugares donde el impacto sea mucho más masivo. Creo que deben construirse argumentaciones muy sólidas y que sean tangibles para todas las audiencias.
También sería interesante la vinculación con los niveles universitarios, aunque sé que este trabajo ya se realiza, deberían implementarse estrategias utilizando el alcance e impacto de las redes sociales, tan populares entre los jóvenes.
En la pasada reunión del PDAC, mencionó un plan nacional de exploración, en el que se dará prioridad a ciertos yacimientos y minerales… ¿Nos daría más detalles?
Evidentemente, hay una preocupación por los minerales que se requieren para la transición energética, y si bien en México tenemos algunos como el cobre, zinc o manganeso (a los que se les dará mayor énfasis), no contamos con otros como el cobalto o el níquel; aunque por otro lado, tendríamos que aprovechar al máximo los minerales de los que sí disponemos como es la plata, utilizada no sólo en joyería sino en la fabricación de paneles solares y baterías de alta calidad. Al final, lo más relevante es construir cadenas de producción y buscar la forma que el Estado participe de forma más cercana en las utilidades cuando las hay.
La exploración se realizará en tres modalidades. Se incentivará que las empresas mineras que ya cuenten con concesiones continúen explorando. De parte del Estado ya existen algunos proyectos que estamos manejando con el SGM, y en este punto, tenemos que buscar nuevas formas de generar recursos para entrarle a la exploración. Y la tercer vía es la exploración mixta entre sector público y privado; al respecto, ya ha habido algunos acercamientos de empresas interesadas en esta modalidad y se analizarán todas las propuestas.
Existe interés del Estado en tener mayor una participación, sin involucrarse con los proyectos que hoy en día están en manos del sector privado. Debo decir que persiste un cierto sabor amargo el saber que grandes minas como Cananea pertenecieron al Estado, su privatización significó una pérdida de riqueza muy importante en beneficio del país, aunque claro, por un lado se tuvo una mala administración. Lo anterior no quiere decir que haya algo en contra de los grandes empresarios mineros, necesitamos los capitales privados.
La idea es que el Estado participe en esta actividad pero ya con el aprendizaje del error cometido de administrar sin ningún incentivo para generar utilidades, no queremos repetir la historia de un Cananea quebrado, queremos tener nuevos proyectos, bien administrados por privados, pero que la propiedad sea del Estado.
¿Qué ha pasado con Exportadora de Sal?
Las operaciones estuvieron algo pausadas y se está retomando el proceso de ventas. Yo creo que este año sin mayores problemas estaremos en números negros como al principio del sexenio anterior. Tratamos de integrar una cadena de valor porque contamos con el principal yacimiento de sal del mundo, y ya existe un proyecto para producir baterías de sodio.
Uno de los temas que preocupan actualmente en el sector minero es la inseguridad en las diferentes regiones donde se ubican las operaciones mineras, ¿existe alguna medida al respecto?
Sí, específicamente, en Michoacán se tomaron algunas decisiones para evitar el robo de hierro y próximamente, habrá una reunión con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Lic. Omar García Harfuch. A la vez, se está haciendo una revisión de todos los concesionarios que existen en el país (hay que recordar que son alrededor de 2 mil concesiones) para identificar a los dueños y constatar que no haya vínculos con el crimen organizado. Debe de estar plenamente justificada la procedencia de concentrados o minerales para evitar algunos delitos; ya hemos identificado un caso en Sinaloa, donde sí había colusión con la delincuencia y en estas situaciones se tendrá que proceder a la cancelación de concesiones.
¿Cuáles son sus retos más importantes al frente de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía?
Lograr que la actividad minera incremente el PIB de este país y al mismo tiempo, hacerlo con responsabilidad social, con respeto a los pueblos indígenas, que la minería se convierta en una promotora del desarrollo y de pleno respeto al medio ambiente.
Estoy convencido que la minería no puede ser solo una actividad que mitigue o reduzca su impacto en el medio ambiente, creo que este sector puede ser uno de los principales impulsores del rescate de nuestras áreas naturales protegidas, por ejemplo. El tema es armar las cosas con orden, desde el principio, para que los modelos financieros funcionen. Creemos en la generación de riqueza, pero también en compartir los beneficios.
